El tribunal dispuso que la justicia de Mar del Plata investigue por evasión impositiva a un testaferro de Daniel Muñoz, mientras el blanqueo de U$S 70 millones provenientes de coimas seguirá en manos del Tribunal Oral Federal 7.
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habló de "bombardeo mediático" y aseguró que participaron grupos "muy puntuales".
La Cámara Federal de San Martín ratificó procesamientos por contrabando y fraude contra empresarios que habrían sobrefacturados bienes importados desde EE.UU. para comprar dólares en el mercado del blue.
Ya cambiaron varias veces la integración de la comisión en Diputados para garantizar el quórum.

La Sala II de la Cámara Federal anuló el cruce de las llamadas telefónicas de los involucrados en el escándalo, una medida que había promovido el juzgado federal
de Bariloche. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah también rechazaron el pedido de la AFIP para ser querellante -por los indicios de delitos tributarios y facturas truchas- y, además, impidieron la participación como «amigo del tribunal» de una ONG especializada en cuestiones judiciales.

La causa por el teléfono de Marcelo D’Alessandro pasó a manos del juez Sebastián Ramos, que tiene también el expediente de la excursión de magistrados, funcionarios y empresarios a Lago Escondido. Ramos aparece en las conversaciones hackeadas y tiene como antecedente haber cerrado en 24 horas la investigación de los diálogos entre el exfuncionario porteño y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se opuso al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados y que los obliga a denunciar operaciones sospechosas a la UIF.
Un grupo de senadores del PRO junto a al auditor Miguel Ángel Pichetto denunciaron que se venden terrenos en lugares limítrofes que favorecen negocios irregulares.