El diputado Oablo Ansaloni.
El flujo fue constante. En noviembre se pagaron $667 millones. En diciembre, $2500 millones. En enero, $1395 millones, con un récord de 101 transferencias. Febrero cerró con $629 millones y marzo con $2491 millones.
Aparecen chats que comprometen al Gobierno en un plan para quedarse con la obra social de Uatre: "Somos Lule y Karina"
El 23 de enero, Petroni firmó un acta con Suizo Argentina que oficializó un plan de pagos sobre la deuda acumulada hasta diciembre. La empresa garantizaba el abastecimiento, Osprera prometía cancelar las nuevas facturas en 60 días.
Petroni es el que firmaba los acuerdo pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre que es socio de Martín Menem.
Según reconstruyó el diario La Nación, la deuda actual se acerca a los $3000 millones. Pero no es la única pista que lleva a los Menem.
También se investigan los pagos a Siaco, que es una prestadora odontológica que firmó un convenio por más de 400 millones por mes cuando no daba ni siquiera prestaciones de primer nivel de atención. Misma debilidad que aparecer en los servicios que presuntamente presta la empresa HTech Innovation.
HTech Innovation, es una empresa fundada por Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en TR Nutrition también fue contratada por la flamante intervención. HTech comenzó a trabajar con Osprera en noviembre de 2024 y facturó más de $47 millones en los primeros meses. El contrato mensual vigente asciende a $16 millones.
"Petroni es el que firmaba los acuerdo pero quien manejaba atrás era Sergio Aguirre que es socio de Martín Menem", afirmó a LPO un abogado al tanto de la situación es Osprera.
El fiscal Guillermo Marijuán.
Marijuan accedió a mensajes de Whatsapp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: "Eso lo tiene que saber Martín y Lule". En otro, fue más directo: "Nosotros somos Lule y Karina".
Un dirigente del gremio incluso reveló a LPO que en Osprera es un secreto a voces las direcciones de la presunta oficinas de Aguirre y Lule Menem "donde iban los retornos". Este dirigente agregó que "primero se los pagaban a Aguirre, pero después fueron derecho a Lule".
El Gobierno había emitido el decreto 1045/24, que establece una guía de buenas prácticas para interventores. Allí se prohíbe explícitamente el pago de deudas anteriores sin una auditoría que verifique su legitimidad. La Justicia intenta ahora establecer si esa norma fue ignorada en los acuerdos con Suizo Argentina.