Diego Luciani y Sergio Mola buscaron encuadrar en delitos las maniobras que describieron durante ocho jornadas antes de pedir el lunes una condena. Negaron que exista lawfare.
Incluso, su abogada dijo que irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No quiere una sentencia este año, sino el próximo en medio de la campaña presidencial para ponerse en "víctima" de una supuesta persecución.
El fiscal dijo que 30% de las obras con fondos nacionales otorgadas al empresario no pasaron por el Congreso, un argumento que busca poner toda la carga de los desvíos de dinero sobre el Poder Ejecutivo.
Tras el rechazo a la recusación que presentó la vicepresidenta, aparecieron pintadas y pasacalles.
El Tribunal consideró que los reclamos "no resultan procedentes" y que el vínculo denunciado es "natural e inherente a un ámbito normal de trabajo".