• Eduardo Casal se lo solicitó en un dictamen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
  • Fue acusado de haber vendido la camioneta Trafic que se usó como coche bomba.
  • Con esta decisión de la jueza Loretta Preska, sigue en pie el fallo que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación.
  • La presentó Fernando Irazu, de la ONG Republican Action for Argentina.
  • La magistrada aceptó el pedido y lo giró a las partes.
  • YPF y el Estado deben responder antes del 25 de febrero. El factor Lijo, y una oportunidad de oro para el gobierno.
Además, presentó un pedido de inconstitucionalidad del fallo y recusó a los cuatro supremos. El máximo tribunal no tiene previsto reunirse por ahora por estos pedidos inéditos.
Un grupo de constitucionalistas y ex jueces se presentaron como amicus curiae para que se acepte la solicitud de la diputada Graciela Ocaña de ser parte de la causa por esas dos pensiones honoríficas que cobra la vicepresidenta.