Se trata de la causa que investiga a Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, como coautores de "incitación a la violencia colectiva".
A pedido del Gobierno, un juez dispuso también "la prohibición preventiva de la distribución de dividendos" de esa firma que había renegociado su contrato durante el gobierno de Macri.