Christian Stauffacher, delegado de Paka Paka, detalló algunos puntos oscuros del repentino interés libertario por producir contenidos en los medios públicos: "Tenemos los sueldos congelados desde octubre y están gastando fortuna en una adquisición como Dragon Ball, que tiene 20 años", afirmó.
Un trabajador jerarquizado de los medios públicos reveló a LPO que la compra de los derechos para emitir el dibujito de Gokú habría costado 160 mil dólares. "Ese dinero es el equivalente para sostener toda la programación de un canal", alertaron.
Tenemos los sueldos congelados desde octubre y están gastando fortuna en una adquisición como Dragon Ball, que tiene 20 años.
Lo curioso es que Milei consiguió implantar un régimen legal que le permitiera cerrar Paka Paka, Télam y la TV Pública, gracias al mega decreto y la Ley Bases. Incluso anunció en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa el cierre de Télam. Pero nada de eso ocurrió. La gestión libertaria se limitó a degradar los contenidos y la situación laboral de los trabajadores, pero las empresas siguen extiendo y acumulando déficit, sólo que ahora se descapitalizó al Estado en términos de infraestructura y capital humano.
Un trabajador de los medios públicos reveló a LPO que se desmanteló la sede que tenían en el predio de la Ex-Esma y perdieron "un estudio hecho a nuevo para el mundial y un control que usaban las señales".
"Deportv se mudó a la TV Pública, Encuentro y Pakapaka terminaron funcionando en el edificio de Télam, en la Avenida Belgrano", agregó. O sea, gasto de mudanza y acondicionamiento de equipos para seguir manteniendo la operación. Se parece a una decisión guiada por la idea de quitarle espesor político y cultural al predio de la Memoria donde funcionó el más infame centro de tortura y exterminio de la Dictadura.
Paka Paka funcionaba en la Ex Esma, pero el gobierno lo mudó al edificio de Télam en San Telmo. Además, prohibió que se emitan contenidos sobre Derechos Humanos, medioambiente o diversidad.
En efecto, Paka Paka funcionaba en un espacio de la Ex Esma que había sido cedido por las Madres de Plaza de Mayo, a través de un convenio que ponía como condición que no se emitiera pauta comercial. El gobierno pudo imponer un cambio en la programación, prohibiendo que se emitan contenidos sobre Derechos Humanos, medioambiente o diversidad, pero todavía no desmontó el acuerdo que le impide vender espacios publicitarios.
Con los retiros voluntarios ofrecidos por el gobierno de Milei, se fue el 40% de la planta del canal, que contaba con 172 empleados y ahora tiene alrededor de 130. Muchos de los lugares vacantes fueron ocupados por libertarios que se asignaron cargos jerárquicos y "encargados" de las redes sociales.