Tomada por Lázaro Báez cuando Néstor Kirchner llegó al poder, sólo tuvo como cliente al Estado y facturó millones. Sus acreedores reclaman 2.880 millones de pesos.
Además de los procesos por corrupción y lavado de dinero, el contratista K está bajo la lupa por los reclamos de su ex esposa en la división de sus bienes, mientras la justicia comercial liquida su empresa insignia.