El tribunal de alzada confirmó un fallo de primera instancia que estableció que la cartera no tiene esa facultad brindada por la Constitución, sino los fiscales.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron una decisión de la jueza María Servini y argumentaron que «por el momento» no se advierte un interés «que exceda a aquel tutelado por el Ministerio Público Fiscal». La causa, que investiga a una organización que presuntamente se dedicaba a traer mujeres embarazadas de Rusia para que obtuvieran la ciudadanía argentina, está bajo secreto de sumario.

Los abogados de la vice buscaban ingresar a ese expediente para buscar alguna conexión con el atentado del 1 de septiembre, que la justicia no encontró.