El 22 de agosto, el día en que el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión por corrupción para la vicepresidenta, la política ganó una velocidad alocada.

La vicepresidenta cuestionó a la fiscalía por no investigar la infinidad de sospechosas comunicaciones entre el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del expresidente Mauricio Macri, y otros referentes de la obra pública. «No investigaron esto porque no les convenía, ya que aparecían ellos, los macristas», puntualizó Cristina Kirchner.