El funcionario había llegado al cargo en 2019, con la asunción de Alberto Fernández como presidente.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO fue denunciada por direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una firma a la que le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían sus competidoras en la licitación, y a la que el Estado le pagó también el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador. 

Es porque la llamada DAJuDeCO intervino en el 2021 más de 27 mil teléfonos por orden de jueces en causas, fundamentalmente, de narcotráfico. Y porque sus procedimientos internos aseguran transparencia.
Además de enviar las imágenes de cámaras de seguridad del área del edificio violentado, Ramiro González recibió a los encargados de la superintendencia y la seguridad.