Los informes de las empresas Telefónica Argentina y Telecom sobre las comunicaciones entrantes y salientes del teléfono celular del diputado Gerardo Milman fueron guardados por la magistrada María Eugenia Capuchetti en la caja fuerte de su juzgado, sin darles acceso a las partes actuantes en la causa. La querella de Cristina Kirchner solicitó acceder a los relevamientos en forma urgente, para desentrañar el rol del diputado del PRO en el atentado.

Tras el fallo de la Cámara Federal que habilitó el secuestro de su teléfono, Milman llevó su celular al juzgado de María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, expresó su rechazo a que el dispositivo sea
analizado para saber si él tuvo relación con el intento de matar a la vicepresidenta y anunció que apelará ante la Cámara de Casación Penal.
También advirtió que antes de cualquier medida deberá mediar autorización de la
Cámara de Diputados.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi argumentaron que por «la excepcionalidad» del expediente y «la gravedad que tiene el hecho objeto de investigación» no se deben «restringir diligencias que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa». De todos modos, limitaron el análisis de los mensajes y las comunicaciones del diputado del PRO al período entre julio de 2022 y mayo de 2023. Por el tiempo transcurrido, es poco probable que el teléfono de Milman sea una gran fuente de información.