• En un informe del programa PPT, indicaron que la titular de la entidad financiera incorporó a Héctor Javier Silva en la gerencia de Sistemas.
  • También indicaron que habilitó sin consultar un sueldo de casi 9 millones de pesos a la gerenta general, María del Carmen Barros.
El ministro de Economía presiona para desplazar a un funcionario que responde al canciller, rival en el territorio de su cuñado y de los K. Es un ente descentralizado que maneja unos $30 mil millones.

El directorio de la Obra Social Judicial -encabezado por un hombre vinculado a Horacio Rosatti- apuntó contra el exfuncionario Héctor Marchi -ligado a Ricardo Lorenzetti-, quien denunció las irregularidades en la OSJN. «Es un mensaje mafioso porque voy a declarar como testigo, no quieren que comprometa a Rosatti y a su vocero Silvio Robles», dijo Marchi, quien fue citado por el juez Ariel Lijo. Los detalles de la auditoría que la mayoría de la Corte intentó ocultar.

El escrito presentado por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, detalla que el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad recibía dinero para actividades de beneficencia que en verdad eran actos proselitistas y era utilizado para gastos como pasajes, estadías y alquiler de salones vinculados a actividades políticas. Tal como lo reveló Página/12, hasta se pagaba el catering, líneas de teléfonos y estipendios a quienes encabezaban al equipo de campaña.

El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, en teoría sin fines de lucro, se usa para financiar la campaña política de la presidenta del PRO. A esa conclusión llegó la IGJ que ordenó la intervención judicial y hará una denuncia ante la justicia electoral por violación a la ley de financiamiento de partidos políticos. De los honorarios de Milman al aporte del ruralista que escrachó a CFK en Cuba.

Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, justificó sus viajes con que su área tiene una "agenda internacional muy intensa".
La directora del PAMI grabó un video en defensa de sus tres años de gestión, se victimizó e hizo propio el éxito de la Selección Argentina.
Tomada por Lázaro Báez cuando Néstor Kirchner llegó al poder, sólo tuvo como cliente al Estado y facturó millones. Sus acreedores reclaman 2.880 millones de pesos.
En una carta en la que intentó despegarse de las acusaciones en su contra por corrupción, definió a esas transacciones sospechosas como un intercambio de prestaciones recíprocas.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes. Cuestionan que el organismo que maneja La Cámpora gastó $14 millones en banderas, vuvuzelas, sombreros y porras.
En agosto la Justicia habilitó el inicio del juicio en el que Sergio Schoklender está acusado de gestionar y obtener ilegítimamente fondos a través de Madres de Plaza de Mayo.