El TOF dispuso también absolver al resto de los imputados en la causa Sucesión Anselmo Biancalani. El fiscal y la AFIP apelarán a Casación.

  • Las autoridades dicen que son para achicar la planta de Radio y Televisión Argentina (RTA).
  • Acordaron pagar $ 81,5 millones a un subgerente artístico. Además, jubilaciones anticipadas de $ 39,4 y $ 47,1 millones para dos subgerentas de 64 años.
  • El paro lleva 50 días en la terminal portuaria Puerto Coronel, a la altura de Neuquén.
  • Hay decenas de contenedores de frutas y otros productos argentinos sin poder salir.
  • Los pedidos del embajador Faurie.
  • La empresa aceptó en la Justicia una serie de pagos indebidos a funcionarios entre 2014 y 2018, aunque se investigan casos desde 2012.
  • El Renaper, AYSA y el SENASA, entre las dependencias mencionadas donde la firma ganó proveer servicios de vigilancia.
  • También hay dependencias de la Provincia de Buenos Aires, de CABA, de Entre Ríos y de Tucumán.
  • CAMMESA comenzó a intimar a las provincias para que paguen las facturas adeudadas, y pide embargar cuentas y bienes.
  • A Chubut le reclama $ 60.000 millones.
  • Apuntan a las eléctricas provinciales y cooperativas.
  • CAMMESA comenzó a intimar a las provincias para que paguen las facturas adeudadas, y pide embargar cuentas y bienes.
  • A Chubut le reclama $ 60.000 millones.
  • Apuntan a las eléctricas provinciales y cooperativas.
  • Luego de una investigación Clarín, Guillermo Marijuan pidió que se investiguen posibles delitos.
  • El juez Casanello derivó el análisis a la fiscal Paloma Ochoa, que decidiría si impulsa una causa penal.
  • Dirigentes de la agrupación que conduce Máximo Kirchner negociaron indemnizaciones millonarias para renunciar a YPF.
  • Ante el escándalo que esa actitud generó en la empresa estatal, finalmente presentaron su renuncia.
  • La única que todavía no renunció es Desiré Cano, que este miércoles planea firmar su desvinculación.

La IGJ inició una investigación sobre el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Seguridad porque sospecha que funciona como una fachada para recaudar para la campaña. Un informe preliminar no disipa las dudas: más de 100 millones de pesos facturados por cursos que se desconoce la materia o que no tienen nada que ver con la seguridad.