El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Para el ministro de Seguridad y Justicia, "el jurado entendió que los tres postulantes superaron el umbral de idoneidad técnica. Luego queda en manos del Ejecutivo decidir quiénes son las más idóneas. El orden de mérito es una sugerencia del jurado. Por Constitución la designación de magistrados está en cabeza del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura".
El gobierno indica que está en desacuerdo con delegar la designación de magistrados a una decisión exclusivamente técnica, la de los jurados, porque definir quién debe ser juez es una decisión política. Algo que el mismo radicalismo, con Pullaro a la cabeza, cuestionaba cuando en gobiernos pasados no se respetaba el orden de mérito.
"Estamos hablando de un tribunal que tiene una función de regulación del sistema de seguridad y penitenciario. La Cámara de Ejecución Penal va a ser el órgano rector de la política penitenciaria. Queremos regular esto frente a decisiones judiciales del pasado que no nos han parecido adecuadas", le dijo Cococcioni a la periodista Ivana Fux. "Recuerden cuando algún juez o jueza nos declaró que no podíamos limitar a dos kilos el ingreso de mercadería (a cárceles), o que teníamos que mover a miembros de Los Monos al pabellón que ellos quisieran, o que teníamos que construirle un patio al padre de los líderes de Los Monos".
Acá es donde sin ambigüedades el oficialismo santafesino desnuda su intención de ubicar a camaristas con el perfil político escogido para garantizar la orientación de su gestión en las cárceles. "No queremos que tomen decisiones que afecten la política penitenciaria. No estamos pidiendo jueces que compartan con nosotros los lineamientos políticos. Sí que respeten las políticas penitenciarias que tienen un gran consenso legislativo", dice su ministro de Seguridad y Justicia.
Desde el gobierno santafesino plantearon que no quieren que los jueces tomen decisiones que afecten la política penitenciaria. "No estamos pidiendo jueces que compartan con nosotros los lineamientos políticos", dijo el ministro de Seguridad
Este planteo es el que incluso juristas cercanos al gobierno dicen que se les volverá en contra. Estos indican que la gestión de Pullaro va a estar por cuatro años pero designa jueces que tendrán mandato vitalicio. No se puede ubicar a un juez por favoritismo político cuando el gobierno será a plazo breve reemplazado por otro. Aducen que con el mismo criterio esgrimido mañana puede gobernar alguien que elija ser legalmente tolerante con los agresores sexuales o con los implicados en la represión ilegal. Como principio es muy desaconsejable, dicen, y se volverá en contra de los que hoy defienden.
No obstante el gobierno de Pullaro ampara a cara limpia prácticas que casi todos los gobiernos hicieron sin pregonarlo, a excepción del de Hermes Binner, que siempre postuló como jueces a los que el cuerpo examinador ubicó primero en el escalón de mérito. Esa defensa es explícita. "Los jueces tienen que controlar los derechos y garantías de las personas. Pero no decirle al Ejecutivo cómo gobernar, dónde hacer las cárceles y qué hacer en ellas. Que tengan la prudencia de desempeñarse como jueces respetando políticas penitenciarias fijadas", cierra Cococcioni.
Desde el justicialismo Corach le replica con irónico desacuerdo. "El oficialismo guardará en el cajón de los recuerdos su vieja retórica sobre el respeto a las instituciones y la división de poderes para ubicar en un lugar sensible a gente que no demostró la mejor capacidad técnica pero está alineada con la política oficial".
A Corach desde el oficialismo actual le piden que no se ruborice demasiado. Le recuerdan que en el concurso para fiscales regionales y general de Santa Fe hace dos años uno de los jurados tenía el domicilio del estudio jurídico del secretario de Justicia de Perotti. Y que en ese concurso al menos seis jurados de prestigio renunciaron en masa al advertir desprolijidades.
La entrevista
Este miércoles los candidatos a camaristas pasaron por la Legislatura para la entrevista, donde Haurigot según los presentes demostró una solvencia notoria y Pueyrredón una no menos llamativa fragilidad. Todos esperaban para hoy a las 13 la decisión de la Asamblea Legislativa pero fue suspendida hasta la semana próxima. Si no lograra sesionar por falta de quorum los pliegos quedarán aprobados de manera ficta.
Con la cita aplazada el diputado Corach reinstaló su crítica y metió el dedo en una llaga de los socialistas aliados de Pullaro. "Se suspendió la Asamblea Legislativa que iba a designar como jueces a candidatos que fueron bochados en el examen de ingreso. Una vez más seamos claros: los candidatos del gobernador no son aptos para ser jueces. Sus designaciones quedarán manchadas para siempre por haber retorcido el reglamento que creó Miguel Lifschitz para dar transparencia a los concursos".
Desde la oposición hablan de candidatos que fueron bochados en el examen de ingreso y que "no están aptos para ser jueces"
El oficialismo tiene la mayoría necesaria en la Asamblea. Pero los socialistas, que son la principal bancada en Diputados, sufren con la decisión de Pullaro. En especial cuando Binner, su principal blasón partidario, fue renuente a promover a ningún candidato que no hubiera obtenido las mejores puntuaciones en sus concursos.
Lo que está en cuestión son los niveles de discrecionalidad. También existen baldosas flojas en el nivel de lo técnico. Hoy los evaluadores del Colegio de Magistrados, de Colegios de Abogados y universidades juegan a sus favoritos y deslizan nombres hacia arriba o abajo en el marco muchas veces de concursos muy parejos. Los mismos métodos evaluativos en Santa Fe mantienen, más allá de las rutinas, sus penumbras. No es solo la idoneidad, la capacitación, los antecedentes verificados en un concurso transparente los que se imponen. En el plano técnico o político, siempre hay política.