En términos legales, el Tratado de Asunción contempla en su artículo 21 que el Estado Parte que desee desvincularse del presente Tratado deberá comunicar esa intención a los demás Estados Partes de manera expresa y formal, efectuando dentro de los sesenta días la entrega del documento de denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay que lo distribuirá a los demás Estados Partes.

Luego, el artículo 22 plantea que "formalizada la denuncia, cesarán para el Estado denunciante los derechos y obligaciones que correspondan a su condición de Estado Parte, manteniéndose los referentes al programa de liberación del presente Tratado y otros aspectos que los Estados Partes, junto con el Estado denunciante, acuerden dentro de los sesenta días posteriores a la formalización de la denuncia".

"Esos derechos y obligaciones del Estado denunciante continuarán en vigor por un período de dos años a partir de la fecha de la mencionada formalización", añade.

En estos dos artículos y el artículo 99.11 de la Constitucion, que sostiene que el Ejecutivo conduce las relaciones exteriores y concluye tratados, es desde donde se aferran los sectores del gobierno que quiere evitar al Congreso en caso que se decida romper.

Sin embargo, el artículo 75.24 de la Constitución dice que "aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos".

Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara

La norma constitucional continua: "Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".

"En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad da los miembros de cada Cámara", concluye.

En estas dos interpretaciones se dará el debate legal alrededor de la decisión. En el gobierno remarcan que hay biblioteca de los dos lados y recuerdan el antecedente de abril de 2019 cuando la gestión Macri abandonó el Unasur sin pasar por el Parlamento.

"En ese momento se consideró que no entregaba competencias pero no es lo mismo irse de Unasur que de Mercosur. El factor político es muy relevante para mover la balanza", remarcó un importante diplomático.

El Mercosur complica el Tratado de Libre Comercio que Milei quiere firmar con EEUU

En el Parlamento ya están en tema. Una fuente del Congreso también remarcó que para salir del Mecosur, Organización Mundial de la Salud, Acuerdo de París o cualquier otra organización debe pasar por el Congreso.

Como se observa, la decision de salir del Mercosur no viene acompañado de forma inmediata con la rúbrica del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Por un lado, porque depende de la voluntad de Washington, los plazos de salida son largos y el Congreso debe ratificar tanto la ruptura como el acuerdo de libre comercio.

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El Presidente volvió a hacer referencia al final de las restricciones cambiarias durante su última actividad en Suiza.

Milei, otra vez contra el «wokismo»

Tras una desmentida del exjuez de la Corte Suprema de Justicia, finalmente presentó la renuncia formal.
El lunes el Gobierno definirá a su reemplazante.

En la última elección, el periodista deportivo fue precandidato a intendente de Quilmes por Patricia Bullrich.
Ahora se mostró con Nahuel Sotelo, secretario de Culto de la Nación y uno de los armadores libertarios en Provincia.

Parte de los trabajos paralizados desde diciembre de 2023.

Tras invertirse más de 2.500 millones, la obra quedó con dos pozos abiertos de 12 metros de profundidad, todos los pilotes puestos y grandes encofrados. Fuentes consultadas analizaron que, terminarla, demandaría más de 7.500 millones.

Los 1.800 millones que demandaría tapar lo hecho y volver a foja cero para habilitar la avenida, surge de un cálculo que hizo Adif, el ente ferroviario nacional a cargo de la obra. Además de rellenar, habría que repavimentar y reinstalar las vías y la señalética.

Ese paso bajo a nivel fue impulsado en 2020 por el entonces ministro de Transporte nacional y ex intendente de Junín, Mario Meoni. Sin embargo, desde la muerte de Meoni, en 2021, la marcha de la obra se fue dilatando hasta su parálisis con Milei.

Los intendentes del PRO ahora reclaman a Milei por el estado de las rutas nacionales

La presión para que haya una definición con el tema apremia en Junín. La avenida Rivadavía no solo es la arteria que une de punta a punta la ciudad (desde la 188 a Circunvalación), sino que además es vía de acceso de buena parte de los visitantes y una zona comercial clave.

El malestar de vecinos y, sobre todo, de los comerciantes de la zona crece y es algo de lo que toman nota en Junín, ya en año electoral.

"Al intendente le falta reunirse con Karina Milei nada más, después se reunió con todo el mundo y no tuvo respuestas", dijo a LPO un concejal del oficialismo.

Sin embargo, dentro del propio bloque de Juntos (en Junín persiste la alianza entre radicales, PRO y Coalición Cívica) hay discrepancias sobre qué hacer con esa obra, de no contar con los fondos nacionales.

Fuentes del PRO en Junín creen que las tensiones entre La Libertad Avanza y el partido liderado por Mauricio Macri también incidieron para que las negociaciones por la reactivación de esta obra no prosperen

"A lo mejor replantearla, otro proyecto, pero sería un error taparla", señaló otro concejal consultado. En efecto, el bloque UCR presentó un proyecto de readecuación de la obra, reduciendo el tamaño y el impacto económico.

Lo mismo hizo el peronismo, que presentó una alternativa para terminar la obra en la que propone un mix entre el crédito pedido al Bapro y la creación de un Fondo Fiduciario Municipal para financiar el resto.

Sea para tapar lo construido o para avanzar por su cuenta, Petrecca tendrá que recurrir a la Justicia Federal y, además, contar con autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que había tardado seis meses en quitarle el rótulo de paso a nivel.

Siendo Petrecca un intendente alineado a Jorge Macri, fuentes del PRO en Junín creen que las tensiones entre La Libertad Avanza y el partido liderado por Mauricio Macri también incidieron para que las negociaciones por la reactivación de esta obra no prosperen.

Como fuere, lo concreto es que no se trata de un caso aislado, ya que en varias intendencias crece la bronca con Milei no solo por la persistente parálisis en la obra pública, sino también por ver el deterioro o tener que destruir obras que estaban muy avanzadas.

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