Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad y Justicia.
Según datos oficiales las cárceles santafesinas, a la fecha, incorporan un promedio de cinco presos por día. Pese a eso la multiplicación de requisas, el endurecimiento del régimen de visitas y la política de aislamiento de presos de alto perfil incidió, a criterio del gobierno, en una pronunciada baja de los asesinatos, sobre todos los ligados a criminalidad organizada.
Según guarismos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, en Rosario a la fecha, 26 de octubre, se contabilizan 78 homicidios durante 2024, mientras que a esta altura del año en 2023 se habían registrado 219. Solamente en asesinatos la caída en la mayor ciudad provincial orilla el 65 por ciento.
La idea de la cartera que conduce el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni con este pedido de opinión anticipada a la Cámara de Ejecución es que se fije un criterio unificado. Y que ese criterio lleve a evitar que los presos más peligrosos recuperen anticipadamente la libertad y que la fijación del momento en que esto debe ocurrir no quede al arbitrio de interpretaciones dispares según el juez.
El gobierno señala que ante cada pedido de libertad anticipada además de los recursos legales se debe mover todo el aparato administrativo penitenciario ya que los organismos criminológicos, los servicios sociales, los servicios jurídicos y los organismos directivos deben emitir informes sobre cada preso que hace su demanda, lo que implica gran cantidad de trabajo, que a veces se hace para que luego un juez rechace el pedido. Tener un criterio de antemano fijado por tres camaristas específicos, los únicos para toda la provincia, desalentará pedir libertades en casos que ya estará claro que éstos rechazarán.
En el entorno de Pullaro siempre ofrecen el ejemplo de dos condenados por homicidio que no deberían haber recuperado la libertad por límite de la ley por ser reincidentes pero por una interpretación judicial relacionada al derecho a la resocialización sí lo hicieron. Eran Ricardo Albertengo y Andrés Soza Bernard. Ambos volvieron a matar a poco de ser liberados.
"Mes a mes nos llegan decenas de pedidos de liberaciones que ponen a trabajar un montón de organismos", deslizan fuentes del oficialismo. "Hay que hacer informes, activar servicios sociales que hacen medidas socioambientales en el entorno de los reclusos, es un enorme esfuerzo. Muchas veces los pedidos son rechazados pero con una nueva solicitud que se da en poco tiempo toda la administración debe repetir cada uno de esos pasos", indican.
La Cámara especializada ahora fijará un criterio en base a pronunciamientos anticipados que es una facultad prevista en la ley de ejecución de penas que habilita su funcionamiento. Según lo que diga habrá menos audiencias y menos trabajo sin sentido, afirman en el gobierno.
Las fuertes polémicas entre mundo judicial y Pullaro por cuestiones penitenciarias son históricas y reconocen capítulos fuertes desde la época en que el gobernador fue ministro de Seguridad entre 2015 y 2019. Tuvieron contiendas judiciales por cuestiones donde sintieron que los jueces interfirieron en políticas de administración penitenciaria. Casos donde jueces, lo siguen diciendo con disgusto, ordenaron dónde alojar y dónde no reclusos, cómo manejar presos de alto perfil, dispusieron qué cantidad de kilos de mercadería podían entrar los allegados de presos en días de visita, definieron que podía entrar comida de afuera del servicio carcelario y clausuraron pabellones enteros sin alternativas de localizar personas conflictivas. Y todo con criterios completamente dispares que ahora, con la Cámara de Ejecución Penitenciaria alineada con los parámetros del gobierno, esperan que no ocurra.
Así lo dicen, de viva voz. La Cámara creada para esto les fijará un criterio que ordenará todas las fases de ejecución de la pena, y con eso permitirá una mejor administración de las prisiones: de los cupos en cada cárcel, del uso de los recursos humanos, de las cargas de trabajo en establecimientos muy críticos por la creciente superpoblación. El patrón de ordenamiento de la vida en las cárceles lo recupera exclusivamente, así lo quiere el gobierno, la autoridad administrativa.
Pullaro tiene la proyección de que su gestión terminará hacia 2027 con 2 mil presos más de los actuales que alcanzan los 11 mil en establecimientos penitenciarios y unos mil más en dependencias policiales. Desde el inicio de su gestión en diciembre pasado hay algo más de 900 reclusos nuevos. Las máximas autoridades hasta el año pasado de los ejes del sistema acusatorio de juicio penal en Santa Fe, el ex fiscal general Jorge Baclini y la defensora general Jaquelina Balangione, al finalizar sus gestiones de seis años en la Legislatura dijeron el año pasado que el problema más grave que tenía Santa Fe son el estado de las prisiones.
Balangione dijo entonces que la tasa de encarcelamiento provincial triplicaba a la de 2012 y que desde 2017 el ingreso constante de presos tenía un aumento pavoroso e inédito que cifró en 25 puntos promedio por año. Baclini señalaba en su clausura como fiscal general santafesino que el colapso obligaba a preguntarse cuántos presos está la provincia dispuesta a tener "porque con el incremento de los últimos años vamos a exceder la capacidad de poder mantenerlos". En 2014 cuando arrancó el cambio de sistema de enjuiciamiento en la provincia había 4.560 presos. Casi tres veces menos que hoy.
El gobierno de Pullaro estima que para abril de 2025 con una construcción carcelaria en Rosario y con el posible fin de obra de la cárcel federal de Coronda el sistema encontrará un alivio con unas 960 plazas nuevas en total. Que con la totalidad de construcciones anunciadas del plan penitenciario totalizarán 4 mil hacia final del mandato de Pullaro.
Las políticas del control del delito del gobierno radical de Santa Fe no vienen exentas de polémica. Un camarista penal acaba de objetar a la policía provincial la facultad de detener personas por no portar DNI que daba pie a considerar esa sola omisión un acto de resistencia y habilitar detenciones por seis horas para averiguar antecedentes. Al mismo tiempo ese camarista rechazó un hábeas corpus de la Defensa Pública que pedía preventivamente evitar detenciones con ese solo fin por la arbitrariedad y selectividad de las acciones que, decían, suelen enfocarse hacia sectores frágiles. Destacaban que de más de 9 mil detenciones el 35 por ciento había sido hacia gente en situación de calle.
El camarista no aceptó la incostitucionalidad del artículo de la ley que permite detener por averiguación de antecedentes. Pero puso explícitamente en dudas que eso tenga eficacia preventiva con un ejemplo: advirtió que de más de 4000 detenciones entre julio y agosto hubo una sola persona con pedido de captura.
El gobierno rechaza esos números y muestra otros. Afirma que en promedio de 900 detenciones hubo 50 personas con captura activa, lo que da una ecuación de una persona con captura cada 18 detenciones. Algo que no es el porcentaje mínimo que indica el camarista Gustavo Salvador. "Si tenemos que molestar a 17 ciudadanos por un máximo de seis horas para dar con una persona que tiene una captura activa y puede ser peligrosa para la sociedad habría que ponderar si eso no es un costo social aceptable", es la valoración oficial.