Los trabajadores autogestionan la fábrica de tapas de empanadas desde 2015, cuando el antiguo dueño fue a quiebra. La Justicia exige que dejen el local, tras negarles la posibilidad de comprar el lugar y las maquinarias con el dinero que les adeudan por salarios e indemnizaciones. Legisladores del Frente de Todos presentarán un proyecto de ley para su expropiación.