El tribunal dispuso que la justicia de Mar del Plata investigue por evasión impositiva a un testaferro de Daniel Muñoz, mientras el blanqueo de U$S 70 millones provenientes de coimas seguirá en manos del Tribunal Oral Federal 7.
Lo que dicen de lavado en los medios
El plazo para que la Casación Federal decidiera si aceptaba los sobreseimientos sin juicio u ordenaba celebrar audiencias venció en marzo. Ahora están los votos, pero prevalecen las especulaciones políticas.
Después de 10 años de investigación en la que no se pudo encontrar evidencia alguna en su contra, el juez Sebastián Casanello sobreseyó a la Vicepresidenta en la causa por lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez.
La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez.
La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez.
La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez.
La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez.
Es una causa vinculada con el expediente principal, que analiza su el contratista fue testaferro de la vicepresidenta. También la tienen el fiscal Marijuan y el juez Casanello.
Se trata de José Levy, vinculado con el kirchnerismo. El juez Aguinsky consideró que los pagos a través de empresas fantasma o paraísos fiscales fueron para blanquear sobreprecios.
El representante del ministerio público fiscal argumentó que, a pesar de haber exhibido un vínculo «directo» entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios para avanzar más allá de la sospecha manifestada para convocarla a…
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se opuso al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados y que los obliga a denunciar operaciones sospechosas a la UIF.
La propuesta impulsada por el oficialismo contó con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. El PRO había firmado el dictamen de mayoría junto al Frente de Todos, pero finalmente se sumó al rechazo del resto de Juntos por el Cambio para evitar una nueva fractura en la coalición. El proyecto pasa ahora al Senado.