Entidades de periodistas de Argentina, Brasil, Colombia y México, entre otros países, advirtieron que el "SLAPPS" se convirtió en una nueva forma de censura y de creación de miedo en los medios.
Frente a Tribunales, jueces, abogados, empleados de la Justicia y organizaciones civiles denunciaron un acoso a su trabajo.

En respuesta a la decisión del gobierno provincial de impulsar penas de prisión y multas millonarias contra los manifestantes, distintas comunidades indígenas resolvieron interrumpir en forma total y por tiempo indeterminado la circulación vehicular en la ruta 9 en las localidades de Purmamarca, Maimará, Tilcara y el paraje San Roque de Humahuaca. El reclamo central sigue siendo que se dé marcha atrás con la reforma constitucional instaurada por Morales.

La administración de Morales resolvió constituirse como querellante en decenas de causas que criminalizan las protestas en reclamo de mejores salarios y en rechazo a la nueva Constitución provincial. Las
imputaciones contra manifestantes pueden derivar en multas de hasta un
millón y medio de pesos y en condenas de 25 años de prisión.

Será el 10 de julio. La organizan la Asociación de Magistrados, el sindicato de empleados de la justicia y los dos Colegios de Abogados de la ciudad de Buenos Aires.