El colegio de abogados de la Ciudad, la diputada Ocaña y decenas de dirigentes de la sociedad civil advirtieron que la denuncia "es una amenaza" a la libertad de Expresión.
A pedido del Gobierno, un juez dispuso también "la prohibición preventiva de la distribución de dividendos" de esa firma que había renegociado su contrato durante el gobierno de Macri.