El ministro de Seguridad bonaerense se despegó de su par de Nación, Aníbal Fernández.
La provincia intimó a que en un plazo de cinco días salde las transferencias que no se hicieron desde 2020 . Amenazó con recurrir a la justicia.
Al término de una Mesa de Trabajo, Eduardo Casal respaldó las denuncias de la PROCUNAR. Otro duro informe muestra cómo se agravó la situación.

Mientras los legisladores de Juntos por el Cambio se abroquelaron en defensa del fiscal Carlos Stornelli, los diputados del FdT insistieron en la necesidad de que se presente y advirtieron que, si no, se buscaría su desafuero para obligarlo a comparecer. Convocado como testigo por la Coalición Cívica, el radical Mario Cimadevilla denunció que durante el anterior gobierno la Unidad Fiscal AMIA «en vez de ser una unidad de investigación era una unidad de encubrimiento del ministro Germán Garavano».

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, explicó que la prioridad del Ejecutivo es la reanudación de los vuelos regulares directos desde el territorio continental argentino.