Con pruebas falsas, testigos que desmintieron las acusaciones y un proceso lleno de irregularidades, la fiscalía no tuvo pruritos en calificar a la causa de la obra pública en Santa Cruz como «la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país» y acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita. Pidieron que todos los imputados sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

El fiscal dijo que 30% de las obras con fondos nacionales otorgadas al empresario no pasaron por el Congreso, un argumento que busca poner toda la carga de los desvíos de dinero sobre el Poder Ejecutivo.