El defensor de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, detalló las falsedades, errores y omisiones de las imputaciones formuladas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La fiscalía había sostenido que en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner había cancelado las deudas con Lázaro Báez para “limpiar todo”, pero la defensa probó que no existió tal pago. La fiscalía también había asegurado que CFK y Báez se reunieron el 30 de noviembre de 2015 en Santa Cruz. Pero tampoco fue cierto. La defensa mostró además que hay no menos de 25 instancias y organismos de control entre un presidente y la adjudicación de una obra pública y que, por razones logísticas, las empresas locales ganan la mayoría de las licitaciones en buena parte de las provincias, no sólo en Santa Cruz. 

Con pruebas falsas, testigos que desmintieron las acusaciones y un proceso lleno de irregularidades, la fiscalía no tuvo pruritos en calificar a la causa de la obra pública en Santa Cruz como «la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país» y acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita. Pidieron que todos los imputados sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.