Una empresa de capitales malayos es la propietaria del campo de 4 mil hectáreas que cedió el gobierno nacional.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron una decisión de la jueza María Servini y argumentaron que «por el momento» no se advierte un interés «que exceda a aquel tutelado por el Ministerio Público Fiscal». La causa, que investiga a una organización que presuntamente se dedicaba a traer mujeres embarazadas de Rusia para que obtuvieran la ciudadanía argentina, está bajo secreto de sumario.

Además, advirtió al abogado de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira, por la "abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado".
Por segunda vez en tres meses, el tribunal de alzada le ordenó a Marcelo Martínez de Giorgi que responda el pedido del fiscal respecto de ex funcionarios y empresarios imputados por coimas.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens denegaron la solicitud de los abogados de la vicepresidenta para que la Cámara de Casación Penal revise los procesamientos de los integrantes de la organización neonazi. La querella de CFK había pedido que se los vuelva a acusar de integrar «una asociación ilícita destinada a imponer sus ideas por la fuerza o el temor”, como había considerado el primer juez del caso. Pero Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que corresponde un delito más leve: incitación a la violencia colectiva. Llorens fue más lejos y negó que se les pueda imputar un delito penal.

Se trata de la causa que investiga a Jonathan Morel, Nilda Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, como coautores de "incitación a la violencia colectiva".