• Alejandro Finocchiaro, actual diputado del PRO, consideró que hay que sancionar a los profesionales que cometieron fraude porque en otro país se los hubiese expulsado.
  • De los 117 que debieron volver a rendir, 109 no son nacidos en Argentina. Ninguno consiguió sacar la misma nota en la segunda instancia.
  • Mario Lugones afirmó que "la responsabilidad operativa del examen", que incluía la seguridad de las copias, era de la Ciudad.
  • Fue luego de que se viralizara un video donde se vería a un aspirante implementar un sistema de video para copiarse.
  • La trastienda del fallo histórico incluyó brotes de desconfianza entre los jueces. Tras la condena a Báez, Rosatti ordenó en secreto estudiar el recurso de la ex presidenta. La candidatura de Cristina adelantó los tiempos. Lorenzetti adhirió al voto de sus colegas para dar más fuerza a la decisión.
  • El escándalo por la promoción de LIBRA por parte de Javier Milei complica la negociación por el acuerdo con el FMI. Tensión con aliados en el Congreso y los apoyos de Carrió y Macri.
  • Como les pasó a sus antecesores, las legislativas intermedias auditarán la gestión del Presidente.
  • En el Gobierno quieren desplazar al exmandatario del PRO como líder de la derecha.
  • Los comicios en CABA, clave para el resto de las votaciones del año.
  • Fue el balance de ATE, en boca de su titular Rodolfo Aguiar y en base a un diez por ciento de los tests.
  • Los números de la evaluación.
  • Se trata de un requisito obligatorio para poder trabajar en la administración pública nacional.
  • La primera etapa se llevará a cabo en las jurisdicciones, organismos y dependencias nacionales, comprendidas en el ámbito del AMBA.
  • Así lo indicó la Resolución 26/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, publicada en el Boletín Oficial.
  • El legislador porteño publicó un mensaje en redes sociales para apoyar la decisión del Gobierno de evaluar a los trabajadores del Estado.
  • Los gremios repudian las pruebas de idoneidad que el Gobierno comenzará a tomar a unos 40 mil empleados públicos de la planta transitoria.
  • Denuncian que los exámenes atentan contra "la dignidad laboral" y que tienen un objetivo "persecutorio".
  • Las pruebas que prepara el Gobierno y que son resistidas por los gremios, serán presenciales y anónimas.
  • En el Ejecutivo señalan que no servirán para definir nuevos recortes.