Lisandro Enrico.
Ahora esto cambia pero entra en la Constitución un predominio del estamento político . Suaviza la grosería del modelo anterior, pero seguramente será motivo de discusión sobre su inconstitucionalidad.
El argumento de la minoría es un tanto enclenque. En Santa Fe, hace muchos años se habla capciosamente de partido del Senado , que junta a mayoría y minoría en un mismo bloque de actuación. Para entenderlo: cuando le pidieron el desafuero por corrupción al senador Armando Traferri (de la mayoría peronista entonces) el que defendió el rechazo al reclamo de los fiscales fue el radical Lisandro Enrico (radical de la primera minoría).
Enrico esta vez dijo que en Córdoba el tribunal que juzga jueces se integra hace veinte años con un juez y cuatro legisladores. Y que es aventurado pensar que los seis legisladores como mayoría se puedan poner de acuerdo para definir la suerte de un magistrado o fiscal bajo proceso disciplinario. En Santa Fe, sin embargo, 69 legisladores ya convinieron por unanimidad y sin debate, hace muy poco, que la Legislatura era el órgano de juicio de los fiscales y defensores. No es un agravio decir que habrá que verlo.
Traferri en la Convención Constituyente.
Pullaro dice que no quiere más que un poder elegido indirectamente defina el diseño y los nombres de los que integrarán el Poder Judicial. Lo que dice tiene un razonable arraigo histórico. En Santa Fe la Justicia fue definida por el Poder Ejecutivo pero con los nombres que le pasaban lobbies, como estudios de abogados consistentes, como el famoso estudio Cerruti de Rosario en los años 80, o los miembros de los colegios de magistrados a través de la Corte Suprema. Pero Pullaro quiso reemplazar eso por un método de selección de jueces sin mérito, con discrecionalidad y a su propio riesgo a la hora de rendir cuentas por desaciertos. Según los convencionales oficialistas, especialmente los aliados socialistas de Pullaro, lo que se logró es una transacción que evitará una cosa y la otra.
Las leyes que reglamenten todo esto saldrán en un plazo máximo de dos años terminada la Convención y aprobada la Nueva Constitución. Para entonces, la Legislatura de Santa Fe tendrá otra integración.
Habrá también controles cruzados y limitaciones. El gobernador no puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Se instalaron frenos a las reelecciones indefinidas a los legisladores: si bien los actuales podrán ser reelegidos y tener chances de permanencia hasta 2035, no podrán desde 2031 repetir más que por dos períodos consecutivos. También se levantaron los fueros que daban inmunidad de proceso a diputados y senadores. Algo con una lógica elemental: Santa Fe es hasta ahora uno de los escasos distritos donde no se puede no ya detener sino enjuiciar a un legislador si sus pares no le levantan la inmunidad.
Lionella Cattalini.
Otro cambio de relevancia es el que fija en la Constitución el número de miembros de la Corte Suprema. Serán siete de manera fija, con ponderación de que haya equilibrio de género y también de la procedencia territorial de sus integrantes. La diputada socialista Lionella Cattalini dijo en el debate que fijar la cantidad de ministros en el texto constitucional evita que gobernadores intenten modificar por ley su integración para lograr Cortes adictas. Y también celebró que no se exija una mayoría especialísima de dos tercios de los miembros presentes de la Legislatura para avalar los nombramientos de aspirantes a la Corte. Sostuvo que lograr un consenso tan exigente termina siendo una limitación restrictiva, favorable a los sectores conservadores que impiden innovar.
Un punto importante es la condición extrapoder que tendrá el cuerpo de fiscales provinciales y la defensa pública. Tendrán autonomía, autarquía financiera y no estarán bajo la esfera de los tres poderes. Esto implica que gobernarán sus recursos y sus designaciones, que hasta ahora están bajo dependencia y condicionamiento del Poder Judicial. El personal de estos dos ministerios -el de la acusación y el de la defensa-ya no dependerá del ámbito judicial. Lo que generó zozobra y temores en empleados y funcionarios sobre la posibilidad de perder derechos laborales.
Lo que Maximiliano Pullaro cerró con el espacio del justicialismo especialmente, de manera general, fue la gobernabilidad de los próximos años en Santa Fe. Es un acuerdo general sobre el funcionamiento del poder que se cristalizó en la Constitución y donde fue clave el armado de los senadores preservando sus resortes de influencia. Eso redunda, más allá de las valoraciones, en una fortaleza del gobernador santafesino. La negociación y la potencia del que tiene poder real está más allá de las normativas por valiosas que estas sean.
Lo deja claro esta nota . En marzo pasado este medio publicó quiénes estaban llamados a imponerse en un concurso para fiscal regional de Rosario y en el de camaristas penales. Aún no estaba terminado el trámite. Lo que expone que existe siempre, sobre las reglas de juego que se ponderan, una discrecionalidad. Que lo da el vigor político y la capacidad de imponer la voluntad en las negociaciones. El último envío de pliegos de jueces fiscales y defensores en Santa Fe esta semana deja clarísima una negociación. Los mecanismos de designación de magistrados y de órganos extrapoder en la nueva Constitución santafesina a esas discrecionalidades no las clausura y las legitima.