Tomada por Lázaro Báez cuando Néstor Kirchner llegó al poder, sólo tuvo como cliente al Estado y facturó millones. Sus acreedores reclaman 2.880 millones de pesos.
En su alegato, los abogados del empresario K negaron que fuera cierto que casi la mitad de las obras están sin terminar y que los gobierno de los Kirchner "no le pagaron un peso de más".
La Comisión de Preadjudicación debía analizar las ofertas de todos los competidores, pero se expedía "en 24 horas, o en el mismo día" en favor del dueño de Austral Construcciones.