El gobernador peronista sumó otros 5.600 empleados al Estado provincial.
Debe dejar el poder el 10 de diciembre y ya fue denunciado por su sucesor electo Claudio Poggi.
Cristian Ritondo y otros diputados de la oposición presentaron un pedido de informes ante un sorpresivo decreto que autoriza a la interventora del organismo de espionaje a incorporar al Estado a empleados hasta ahora solo contratados. Temen que los usen para la campaña proselitista.
Mientras se espera que María Eugenia Capuchetti resuelva el pedido de Cristina Kirchner para apartarla de la causa del atentado, se siguen sumando nombres de dirigentes nombrados en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Cristian Ritondo, Laura Alonso y uno de los protagonistas del caso «GestaPRO», entre otros.
"No me pareció justo que por ser mujer funcionaria, tenga que dejar de lado mis opiniones políticas", disparó la ahora ex funcionaria nacional.