En un nuevo contrapunto con el gobierno bonaerense, el ministro de Seguridad nacional cuestionó las requisas, cacheo de armas y pedidos de documentos a pasajeros.

El asesinato del chofer en La Matanza reflotó el reclamo por las cámaras de seguridad a bordo de las unidades. Un decreto de hace cinco años daba un plazo de 180 días para instalarlas, pero las empresas se excusaron diciendo que utilizaron los fondos para sueldos, neumáticos, gasoil y respuestos y argumentaron que la seguridad pública no está dentro de sus competencias.