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Mientras, la Cámara Federal porteña decidió que se debata en el juicio oral si los aportes de un empresario al gobierno de Cristina fueron sobornos o una donación electoral.
El juez Casanello también dictó un embargo de 400 millones de pesos contra Daniel Cameron y otros ex funcionarios, empresarios y financistas. El caso se abrió por aplicar, por primera vez, el concepto de "cosa juzgada írrita".
Es el expediente que investiga cartelización de la obra pública. El tribunal que la juzgará reactivó el camino hacia el juicio oral.
Consideró "manifiestamente improcedente" el planteo de un empresario procesado en la causa que pidió anular la acusación en su contra ante supuestas irregularidades en esos documentos.
La Policía Científica comparó la escritura del ex chofer de Baratta de esos textos con una carta y llegó a esa conclusión. Aunque puntualizó que hay "discrepancias" en cuanto a referencias al dueño del grupo Albanesi.
La portavoz Gabriela Cerruti exigió que tanto el concursante Alfa, como el programa y Telefe Noticias, "se retracten y cesen en la actitud agraviante".
Lo hizo al prorrogar la prisión preventiva del ex secretario de Transport Ricardo Jaime, acusado junto a la vice por supuestos sobornos en los subsidios a las empresas.
El fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez Ercolini enviar una causa contra Roberto Baratta por nuevos hechos relacionados con ese caso.
Luego de cinco años de su pedido, el juez Casanello recibió datos sobre los sobornos que el gigante brasileño de la construcción pagó para hacer una planta de AySA.