En un fallo, el tribunal rechazó un pedido de nulidad de la indagatoria de un empresario de la construcción y el transporte. Así podría seguir preparándose el juicio oral a más de 150 ex funcionarios y empresarios.
Lo hizo al rechazar un recurso de queja del empresario Armando Loson. El juicio oral por este caso, en que está procesada Cristina Kirchner, tiene un retraso de casi cuatro años.
Se trata de la fábrica de nebulizadores Sun Up adquirida por Daniel Muñoz con fondos de la corrupción. Sus 72 trabajadores quedaron sin empleo y sin indemnización.
Lo hizo en la causa en que investiga supuestas alternaciones a esos cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Ahora decide la cámara federal porteña.
La vice reclamó al TOF 7 pericias sobre los escritos de Oscar Centeno, análisis del teléfono de José López y una extravagante pesquisa sobre los celulares de dos investigadores.
Jonhathan Holden, al hablar en Panamá, dijo que esa causa en que está procesada Cristina Kirchner y el caso del Transmilenio en Colombia tiene las características de ese fenómeno de corrupción.
El juez Martínez De Giorgi investiga una denuncia de un empresario, que es imputado-colaborador en la causa, y dice que los textos tienen agregados que no serían de la letra del ex chofer de Roberto Baratta.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de Julio De Vido y otros ex funcionarios acusados por los supuestos sobornos para construir una planta de agua potable y otra para tratar líquidos cloacales.
El juez Julián Ercolini acusó por coimas a Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Abal Medina y el empresario Armando Loson.
Mientras, la Cámara Federal porteña decidió que se debata en el juicio oral si los aportes de un empresario al gobierno de Cristina fueron sobornos o una donación electoral.
Mientras, la Cámara Federal porteña decidió que se debata en el juicio oral si los aportes de un empresario al gobierno de Cristina fueron sobornos o una donación electoral.
El juez Casanello también dictó un embargo de 400 millones de pesos contra Daniel Cameron y otros ex funcionarios, empresarios y financistas. El caso se abrió por aplicar, por primera vez, el concepto de "cosa juzgada írrita".