Nadie en el Ministerio de Transporte, ni en el gobierno, puede mencionar
una sola ventaja económica para los intereses nacionales que justifique
el hecho de que la Argentina sostenga y pague un canal más largo, más
peligroso, más caro y que además condiciona la soberanía, teniendo a la mano uno más corto, más seguro, más barato y encima soberano.