Luego de la denuncia de una fiscalía sobre la libertad con que los presos siguen operando, la PIA descubrió que una ley sancionada en 2017 ordenaba instalar inhibidores en todas las prisiones. No se hizo, y ahora "no hay presupuesto" para hacerlo.
La ordenó la Sala I de la Cámara Federal, en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta.
Lo anunció el vicepresidente del ENaCom. Y dijo que las empresas deberán usar sistemas biométricos para sus clientes que cambien la tarjeta SIM. Son unos 300.000 por mes.
El Servicio Penitenciario de Misiones no abrió ningún sumario porque, hasta ahora, no recibió ninguna orden judicial pese al escándalo. Se sospecha que la duplicación de la tarjeta SIM de Santilli y D'Alessandro provino de ese lugar.