Los camaristas de Casación sostuvieron que la calificación de genocidio carece de un fundamento jurídico eficaz. Lo hicieron al revisar un fallo del Tribunal Oral Federal 1, que en 2015 había condenado a ocho represores. El máximo tribunal penal confirmó las penas que se habían dictado, ratificó el uso de la figura de desaparición forzada, pero anuló la de genocidio y desestimó casos de víctimas incorporados durante el debate.

Según la defensa ya se cumplió el límite de la prisión preventiva porque su cliente está detenido desde hace seis años y tres meses. Dos fiscales avalaron el reclamo.
El tribunal penal rechazó una apelación de Cristina Kirchner y confirmó un fallo de la Cámara Federal porteña que negó que hubiera existido una asociación ilícita para espiar desde el gobierno de Macri. Fue en la causa por el espionaje al Instituto Patria.