Nicky Caputo, dueño de Mirgor.
Este diplomático remarca en ese aspecto que "esta maniobra tampoco pasa desapercibida a nivel internacional. Otros países miembros del Tratado Antártico seguramente cuestionarán que la DNA ceda sus funciones administrativas a la órbita de Defensa, especialmente si se recuerda que, en 2003, fue un requisito que la Secretaría del Tratado Antártico se instalara en Buenos Aires precisamente para garantizar control civil y continuidad institucional en la gestión antártica argentina".
"En el fondo, el traspaso ni siquiera garantiza que las plazas científicas sean cubiertas en las próximas campañas. No existe un marco normativo claro que obligue a la DNA a sostener la dirección y control una vez entregadas las bases, pero, paradójicamente, se la mantiene como responsable presupuestaria. El resultado es una ecuación perversa: se le quita el control operativo, no se le asigna presupuesto para afrontar la logística y las erogaciones de campaña, y, aun así, se le exige cumplir con las obligaciones. ¿Quién definió este esquema? ¿Quién decidió no pedir presupuesto este año? Preguntas que, por ahora, nadie responde", reprochan.
En el fondo, el traspaso ni siquiera garantiza que las plazas científicas sean cubiertas en las próximas campañas. No existe un marco normativo claro que obligue a la DNA a sostener la dirección y control una vez entregadas las bases, pero, paradójicamente, se la mantiene como responsable presupuestaria
Uno de los interesados del traspaso, el diplomático Nicolás Abad, quien pasó de desempeñarse en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a ocupar un cargo en el Ministerio de Economía. En tanto, otro de los promotores, el Almirante Máximo Pérez León Barreto, junto a la titular de la Secretaría de Malvinas, Paola Di Chiaro, son quienes insisten con esta transferencia de competencias, aún después de la salida de Edgar Calandín, exfuncionario clave de este proceso.
"Desde adentro de la DNA, la Sra. Silvina Balsalobre sigue de cerca el expediente y coordina, sin nombramiento, el traspaso anticipado de bienes patrimoniales siendo funcional a la gestión de turno. La ofensiva no sólo es política y administrativa, sino también empresarial", agregan.
Paola Di Chiaro, secretaria de Malvinas en la Cancillería.
LPO reveló en exclusivo en junio que Mirgor, la empresa de Nicky Caputo, avanza con aval oficial en el reemplazo del estado en actividades logísticas y de apoyo al Comando Conjunto Antártico. Esta empresa presentó públicamente documentos para operar turísticamente en la Isla Dundee y Joinville, y para brindar servicios logísticos en territorio argentino.
Mirgor proyecta más de diez vuelos a Base Petrel, de los cuales al menos siete serían para logística y tres más, en combinación con el Cococantar, tendrían como destino Belgrano II. Su vínculo con la logística estatal ya está en marcha: la empresa adquirió un avión Basler BT-67 y firmó convenios con Fuerza Aérea y Cococantar, consolidando su presencia con infraestructura propia e iniciativas como la construcción de un muelle y un campamento semipermanente. Todo ello choca con la Resolución 5 (2022) de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que desaconseja instalaciones privadas permanentes para actividades no gubernamentales por su potencial impacto ambiental.
Advierten que la presencia militar de EEUU en Ushuaia pone en riesgo el Tratado Antártico
En ese marco denuncian que "la participación empresarial en foros internacionales reservados a programas estatales confirma un rediseño opaco de la gobernanza antártica, donde los intereses económicos pesan más que la ciencia y la protección ambiental"
"La entrega anticipada de bienes, la pérdida de control operativo por parte de la autoridad de aplicación ante el Sistema del Tratado Antártico y la creciente intervención privada configuran un patrón preocupante: el desmantelamiento silencioso de la presencia argentina en la Antártida. Ciencia, logística y soberanía quedan subordinadas a una gestión opaca", puntualizan .
"Cada decisión a medias, cada presupuesto que no llega, cada intervención militarizada sin control erosiona nuestra autoridad y debilita la posición de la Argentina frente a otros países, poniendo en juego la credibilidad y el rol del país en el continente blanco", concluyen.