El asesinato del chofer en La Matanza reflotó el reclamo por las cámaras de seguridad a bordo de las unidades. Un decreto de hace cinco años daba un plazo de 180 días para instalarlas, pero las empresas se excusaron diciendo que utilizaron los fondos para sueldos, neumáticos, gasoil y respuestos y argumentaron que la seguridad pública no está dentro de sus competencias.

Mientras los K empujan un juicio al máximo tribunal, éste sigue con sus tareas habituales.
El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte acordó con Aníbal Pineda la instalación inmediata de ocho dispositivos y el plan para poner otros 139.
La federación de firmas de transporte de cargas exigió una reunión con los ministerios del Interior y de Transporte. Solo hay dos identificados en la causa.
Los legisladores provinciales, en ambos recintos de Senado y Diputados acordaron documentos ante el ataque a la vicepresidenta.