La exfuncionaria de Rafael Correa permanece junto a su hijo argentino en la sede diplomática nacional en Quito. Está condenada en un caso denunciado por Correa como «el paradigma del lawfare» y el actual gobierno ecuatoriano no le permite salir del país, pese a que la Argentina ya le condeció asilo. La Cancillería busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habilite un salvoconducto.