Mientras el kirchnerismo impuso el silencio de sus primeras filas y varios de sus aliados cuestionaron el discurso de la ministra, desde Presidencia se bajó línea para que salieran a confirmar el programa económico.
Beliz, Filmus y Marco Lavagna eran consultados sobre la situación política. Los del PRO debatían sobre el futuro y el armado de la coalición opositora.
Después de días de agenda liviana, el presidente recorrió una obra en el sur del conurbano, considerada la número 5 mil del Gobierno.
El secretario general de la CTA reclamó un "shock distributivo" y advirtió a Alberto Fernández: "Nos va a tener que escuchar en la calle".

Los camaristas de Casación sostuvieron que la calificación de genocidio carece de un fundamento jurídico eficaz. Lo hicieron al revisar un fallo del Tribunal Oral Federal 1, que en 2015 había condenado a ocho represores. El máximo tribunal penal confirmó las penas que se habían dictado, ratificó el uso de la figura de desaparición forzada, pero anuló la de genocidio y desestimó casos de víctimas incorporados durante el debate.