Los camaristas de Casación sostuvieron que la calificación de genocidio carece de un fundamento jurídico eficaz. Lo hicieron al revisar un fallo del Tribunal Oral Federal 1, que en 2015 había condenado a ocho represores. El máximo tribunal penal confirmó las penas que se habían dictado, ratificó el uso de la figura de desaparición forzada, pero anuló la de genocidio y desestimó casos de víctimas incorporados durante el debate.

Después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, y aprovechando el debate sobre la administración de los planes sociales, la estructura judicial que responde a Morales profundizó su asedio a las organizaciones populares. Página/12 recorrió distintos barrios de la provincia y recogió la palabra de dirigentes y militantes sociales, quienes relataron las modalidades con que son perseguidos por movilizarse para conseguir comida para merenderos o reclamar por derechos básicos. «Parece que luchar es un crimen», dicen.