El Gobierno habilitó a colegios y universidades privadas a realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones. Las entidades ya no deberán comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio. El problema de alumnos inscriptos en 2023 y que ahora los padres quedan rehenes del aumento.