En el marco de las tensas negociaciones por la Ley Ómnibus, el gobierno nacional anunció que buscará poner en marcha "una procuraduría especial para investigar la corrupción de los funcionarios públicos", en particular de los "provinciales y legislativos". La noticia generó desconcierto en la Procuración General, donde ya funciona la PIA, dedicada a casos de corrupción. Para poder investigar esa clase de delitos en las provincias habría que reformar antes la competencia fijada en el Código Procesal Penal. Duras críticas de los expertos.