El paquete de proyectos de ley enviado al Congreso incluye la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión de la movilidad jubilatoria, el endurecimiento de las penas contra manifestantes y la permisividad para el "gatillo fácil" policial, una transformación del sistema electoral, la flexibilización de las normas ambientales y una reforma de la educación, entre otras cosas. También prevé una declaración de emergencia para que se le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por al menos dos años.