Junto con las medidas económicas, el Gobierno presentó una serie de reglas que buscan prohibir las protestas en el espacio público y autorizan a la fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial. "No queremos ningún corte de rutas o calles", amenazó la ministra Patricia Bullrich. Organismos de derechos humanos y juristas advirtieron que el "protocolo antipiquete" no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales.