La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió en Twitter al asesinato del colectivero Daniel Barrientos y relacionó el hecho con el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1º de septiembre.
"Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA", escribió la exmandataria en la red social. "Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", añadió.
Y se respondió: " Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”.
Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".
Así, volvió a plantear sus dudas sobre la investigación de ese ataque, que no contó con condena total del arco político.
Minutos, antes, CFK había tuiteado sobre el fallo adverso en Londres, y le dio RT a un hilo de Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires.
Una investigación que no avanza
A siete meses del atentado contra la Vicepresidenta, la causa a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti parece estar estancada: hay apenas tres detenidos; media docena de pistas que la justicia se niega a investigar (la mayoría vinculada al entorno del expresidente Mauricio Macri) y un número escandaloso de irregularidades procesales.
En primer lugar, y aún sin explicación coherente alguna, se perdieron pruebas vitales para esclarecer el caso porque el celular de uno de los detenidos, Fernando Sabag Montiel, fue bloqueado y reseteado en forma sospechosa.
Además, pese a que hay pruebas de que, dos días antes del atentado, Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio, le dijo a sus asesoras: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa” (y efectivamente el día del atentado contra CFK, él estaba en la costa), lo que indicaría que el funcionario podría aportar información sobre los autores intelectuales del crimen, la jueza María Eugenia Capuchetti se niega a avanzar sobre esa pista.
En esa misma línea, Capuchetti no avanza en indagar qué es lo que vincula al Grupo Caputo (propiedad de “Nicky” Caputo, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri) con Jonathan Morel, fundador de “Revolución Federal”, grupo de extrema derecha al que también pertenecen los tres detenidos por el atentado contra CFK.
Un dato que resulta llamativo puesto que Morel -que recibió 13 millones de pesos del Grupo Caputo-, previo al intento de magnicidio, se había pronunciado con frases violentas y amenazadoras en contra del Gobierno. “Hay que matarlos, otra cosa no podés hacer”; “Hay que tirar agua hirviendo a los militantes kirchneristas y poner una bomba en la Casa Rosada” decía en sus mensajes", fueron algunas de sus expresiones.
Sin embargo, no solo quedó en palabras sino que puso en práctica ese "odio" con acciones, como apedrear autos de ministros, llevar guillotinas a la Plaza de Mayo y arrojar antorchas con fuego a la Casa Rosada, sede del gobierno nacional.
Tampoco se puede obviar el accionar de la policía metropolitana que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que, antes, durante y después del atentado, no sólo nunca detuvieron a ninguno de los violentos (por ejemplo, cuando apedrearon y vandalizaron la oficina de la Vicepresidenta en el Congreso), sino que miembros de esa policía aparecen en muchos videos saludando amablemente a los extremistas de Revolución Federal denunciados.
Ante esta serie de irregularidades en la investigación, la defensa de CFK exigió el apartamiento de la jueza Capuchetti, renegada por la justicia federal con una manifiesta actitud de protección corporativa.
Paralelo a ello, se dio a conocer que la jueza Capuchetti, también está estrechamente vinculada a Juntos x el Cambio (JxC) y recibe un pago mensual del Gobierno de la Ciudad por aparentes trabajos de investigación vinculados al Ministerio de Seguridad.
Tal es asi que, la paralización de la investigación sobre el intento de magnicidio puede atribuirse no solo a errores procesales sino a deliberada inacción de la Justicia.