La base de la acusación es la transferencia de 200.000 dólares que Fred Machado le hizo en 2020 por una asesoría trucha que él mismo reconoció que cobró por adelantado y nunca hizo. Podrían pedirse medidas de prueba como una pericia contable de su evolución patrimonial, los registros de ARCA y la IGJ y hasta la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.