La iniciativa del PRO con el respaldo de LLA, la UCR y la CC propone que no podrán postularse todas aquellas personas que fueron condenadas en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción, para no esperar la resolución de la Corte. La disputa por los votos, el tratamiento en el Senado y un final, que de aprobarse, terminará otra vez en manos de los jueces.