Se trata de albañiles, carpinteros y costureras de esa provincia que habían sido erróneamente acusados de fraude. Todos ellos figuraban en una lista como empleados públicos, lo que volvía incompatible el cobro del plan, pero se comprobó que estaba mal confeccionada. Ahora iniciarán una demanda por daños y perjuicios contra los funcionarios libertarios.