En los legajos de quienes terminaron detenidos durante las manifestaciones de junio frente al Congreso, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) anotó que pertenecen a "organizaciones criminales". Esa conclusión surgió luego de interrogatorios para que dijeran si integraban alguna fuerza política, al estilo de las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado. El dato, al que accedió Página/12, figura en un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura que fue presentado en el juzgado de Servini.