Las organizaciones del colectivo denunciaron la existencia de un proyecto de decreto que busca correr al Estado de la tarea de fijar los costos de las prestaciones sanitarias, que quedarían en manos de las prepagas y las obras sociales, tal como sucedía en los 90. La decisión afectaría a más de 300 mil usuarios del sistema. El funcionario al frente del área no tiene pergaminos en la materia, pero accedió al cargo por haber sido abogado del Presidente. El ajuste y las marchas de resistencia.