Organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas denunciaron a la ministra de Seguridad por abuso de autoridad y pidieron una pesquisa sobre los delitos cometidos por policías, gendarmes y prefectos en los operativos para reprimir las manifestaciones contra la Ley Ómnibus. También pidieron que se investigue "el uso de un compuesto químico, altamente tóxico e irritante" con el que rociaban a los manifestantes.